Aunque sigue pendiente la resolución del TJUE sobre la cuestión prejudicial presentada por el TS frente a la nueva doctrina del TJUE acerca de las medidas adecuadas para evitar los abusos en la Administración de la contratación temporal, están apareciendo sentencias de distintos tribunales españoles donde se aplica la doctrina europea en pro de los derechos laborales de los interinos. Destaca la STC de 10.09.2024 de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco que no solo reconoce la fijeza automática de una interina, que era indefinida no fija, sino que además condena a la Administración a indemnizarla con 2.000€ por el tiempo en el que trabajó en abuso.
Es la primera vez que un tribunal otorga ambas cuestiones: declara la conversión del temporal/interino en empleado fijo/funcionario e impone a la Administración empleadora una compensación económica a la víctima de un abuso por la violación sistemática de sus derechos laborales. Y lo hace en aplicación de la reiterada doctrina del TJUE que señala que “el hecho de que el empleado público temporal/interino víctima de un abuso haya conseguido la condición de empleado público fijo o de carrera, no libera a las autoridades nacionales de adoptar una medida sancionadora que compense a las víctimas del abuso”.
Así las cosas, el TSJPV rechaza que la figura del indefinido no fijo sea una solución para ese abuso porque realmente estamos hablando de un temporal más y abre la puerta a que, cuando la plaza se cubra por oposición, el cese del interino suponga también una indemnización en aplicación del principio de preferencia del derecho comunitario frente al derecho nacional. Una indemnización por la situación ilegal de abuso padecida durante tantos años que deberá ser reclamada a la vista de estos precedentes judiciales.
El TJUE ha insistido en que los interinos de larga duración que llevan años encadenando un contrato con otro, deben ser considerados fijos. No obstante, dicha STC responde al caso particular de tres interinas por lo que los tribunales españoles están esperando a la respuesta que dé el TJUE a la cuestión prejudicial presentada, en mayo 2024, por el TS que conformará con la correspondiente STS la nueva doctrina nacional en la materia. La actual niega el reconocimiento como fijos de los interinos de larga duración alegando que estos no han superado un proceso de selección conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación, recogidos en la normativa española (14 y 103.2 CE y 14.2 TFUE).
Sin perjuicio de todo lo anterior, la doctrina del TJUE supone una clara orientación a los tribunales españoles a la hora de interpretar la normativa española conforme al Derecho de la UE al entender que los contratos que superen los dos años de duración superan la cobertura de necesidades excepcionales y estarían cubriendo necesidades permanentes. Además, rechaza como medida ‘reparadora’ de este abuso el mero mantenimiento del empleado afectado hasta la convocatoria y resolución de procesos selectivos sobre su puesto de trabajo, imponiendo la necesidad de una compensación económica para el caso de no superar dichos procesos.
El TJUE entiende que otra cosa “no permite ni la reparación proporcionada y efectiva en las situaciones de abuso que superen una determinada duración en años, ni la reparación adecuada e íntegra de los daños derivados de dichos abusos” ya que “ni la convocatoria de procesos selectivos ni la compensación resultan adecuadas para prevenir o sancionar los abusos, pues son independientes de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la utilización de contratos o relaciones laborales de duración determinada” y por eso concluye que “a falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos, la conversión de los sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido puede constituir una de esas medidas”.
Está claro, pues, que los abusos más grandes se producen en el Sector Público gobernado por esos politiquillos cuya acción de gobierno solo se dirige contra el Sector Privado.
