El bufete de abogados ha presentado ante la OCDE una queja formal por los abusos de AEAT –en el mismo sentido del informe presentado en España—señalando que vulneran tanto el Common Reporting Standard (CRS) como el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MAC), promovidos por la OCDE, para coaccionar a contribuyentes de distintas nacionalidades sin pruebas de fraude y sin solicitar autorización previa a las jurisdicciones que proporcionaron esos datos, sobre todo con los destinatarios de la Ley Beckham o Ley de Impatriados.
Para el bufete la raíz del problema se encuentra en el sistema de incentivos a los inspectores de la AEAT por levantar Actas independientemente de los resultados lo que fomenta actuaciones contrarias a la buena fe, a la confianza legítima, a la seguridad jurídica, a la proporcionalidad y, en general, al derecho a una buena administración, dando paso a conductas abusivas y abiertamente ilegales que ponen en peligro la integridad del sistema de cooperación fiscal de la OCDE y que disparan la litigiosidad, lo que por sí solo acredita la falla estructural del sistema porque es algo que solo sucede en España.
El bufete actúa en defensa tanto de los afectados como del interés público porque “de no ser corregida, corre el riesgo de socavar la legitimidad y sostenibilidad del sistema tributario internacional que la OCDE ha construido» ya que «la aplicación del Régimen de Impatriados en España viola el derecho interno español, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y varios instrumentos jurídicos clave de la OCDE» como la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC), el Estándar Común de Reporte (CRS), el Modelo de Convenio de la OCDE sobre la Renta y el Patrimonio (MTC) y las mejores prácticas de la OCDE en cooperación administrativa y confidencialidad.
Frente a la colección de prácticas fraudulentas de la AEAT (violación de la Confianza Legítima, el acoso incluyendo a terceros, la intromisión en la vida privada y familiar, la instrumentalización de plazos y sanciones, las amenazas de criminalización, la intimidación a los asesores, el abuso de la ‘simulación’, la utilización fraudulenta de datos de origen extranjero, la invalidación de residencias fiscales…), el bufete solicita (i) «una revisión institucional y una acción correctiva« contra la AEAT; (ii) una investigación formal sobre el uso de datos intercambiados; (iii) la remisión de todo ello al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales para la revisión por sus miembros; (iv) una guía Interpretativa sobre el Estándar Común de Reporte y la Asistencia Administrativa Mutua, y (v) la suspensión inmediata de medidas de ejecución retroactiva basadas en datos del CRS. En definitiva, que «la OCDE debe solicitar a España que restituya los derechos y protecciones originalmente otorgados bajo este régimen especial, cuando existían expectativas legítimas establecidas de buena fe» y evitar que sus acciones retroactivas deriven en doble imposición o en resultados discriminatorios.
Finalmente, el bufete precisa que «lo que comenzó con Montoro como corrupción funcional ha evolucionado con Montero hacia la corrupción institucionalizada, y ahora amenaza con convertirse en la norma«. En este sentido, recuerdan que «durante su mandato como ministro de Hacienda (2011-2018), Cristóbal Montoro consolidó una arquitectura interna en la Agencia Tributaria española que transformó un órgano técnico en un instrumento estratégico para el poder ejecutivo … que lejos de tratarse de hechos aislados, se han documentado multitud de casos que evidencian una violación sistemática de principios básicos del Estado de Derecho, como el secreto fiscal y la igualdad ante la ley … lo que revela un uso privatizado del poder fiscal, en el que los intereses empresariales parecen haber financiado la redacción de leyes a medida a través de bufetes de abogados cercanos al ex ministro”, sentando las bases de una crisis de legitimidad democrática porque «bajo el mandato de la ministra María Jesús Montero, se han mantenido los mismos patrones de uso ilegítimo de datos fiscales, presiones y filtraciones selectivas, solo que ahora envueltos en un falso discurso de transparencia institucional«, incluso persiguiendo a sectores incómodos con decisiones administrativas orientadas al castigo selectivo.
Ámsterdam & Partners, para terminar, denuncia que todo esto de la AEAT no es solo la herencia de una estructura burocrática, sino que representa «una opción política deliberada» y que, por eso, Montero «ha consolidado un modelo en el que la administración tributaria opera como un aparato de poder capturado, al servicio tanto de intereses partidistas como de las contingencias económicas del ejecutivo«. Destacan como «el patrón es idéntico: uso ilícito de datos confidenciales, falta de control democrático y una Agencia Tributaria que opera con una autonomía opaca y una lógica de excepción» que “no pueden coexistir con una democracia plenamente operativa en un Estado de Derecho«, solicitando el restablecimiento de la presunción de inocencia, del secreto fiscal y de la neutralidad administrativa.
Son las verdades del barquero.
