Mientras varios fondos de inversión están siendo indemnizados gracias a los laudos del Banco Mundial, en España hay más de 60.000 familias afectadas por el ‘recorte retroactivo de las primas a las renovables’ sin solución jurídica posible desde que el TS diera carpetazo al asunto. Un carpetazo que pone de manifiesto la realidad de un trato diferenciado a los inversores nacionales respecto de los extranjeros. En los últimos tiempos se suceden los pronunciamientos judiciales contra España por este motivo. Así, un Tribunal de Columbia (EEUU) acaba de dictar la enésima sentencia condenatoria por tal recorte, esta vez a favor de INFRARED, el brazo inversor del banco HSBC, por dos parques ubicados en Andalucía y Extremadura, donde condena a España a pagar 35M€.
El Tribunal de Columbia rechaza los argumentos de España sobre la supuesta invalidez del arbitraje que condenó al país por retirar de forma retroactiva los incentivos ofrecidos a las ‘energías verdes’ y toma en consideración el famoso laudo del CIADI (el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial) con apoyo tanto en el TCE (Tratado de la Carta de la Energía) como en el Convenio que regula el propio CIADI. Los cambios regulatorios y fiscales fueron aprobados entre 2010 y 2013 y la naturaleza retroactiva de las modificaciones en el régimen de incentivos hicieron que el CIADI venga fallando contra España desde el 2019. Los recursos españoles fueron desestimados y las obligaciones de pago acumuladas van camino de los 2.000M€, dando pie a embargos cautelares o finales de bienes del Reino de España en el extranjero que nos dejan como un país de mierda.
Hace muchos años, sobre todo entre el 2007 y el 2009, fue cuando el gobierno de turno de la PPSOE invitó a los inversores privados a prestar su apoyo para desarrollar las energías renovables en España, prometiendo una rentabilidad notable y segura (entre el 7% y el 10%, durante 25 años). ¡Demasiado bueno para ser verdad! Sin embargo, en 2010 cambió de opinión y arrancó un carrusel de recortes retroactivos que alteró totalmente los términos de dichas inversiones millonarias, intentando justificarlo con argumentos falaces y el sempiterno ‘déficit de tarifa’ provocado por ellos mismos. El recorte medio en la retribución de esas inversiones en renovables fue del 30% y, además, se proyectó con carácter retroactivo y para toda la vida útil del parque. Un timo en toda regla.
En el fondo, estamos hablando de una estafa regulatoria donde España prometió unas condiciones determinadas y, cuando ya tuvo el capital atrapado en los parques, cambió las reglas de juego unilateralmente al entender que las ‘primas a las renovables’, es decir, la subvención gubernamental que hacía atractiva dicha inversión, ya no les salía a cuenta. La PPSOE hizo una muy mala planificación de las necesidades energéticas de España en el largo plazo, incentivó dichas inversiones para ponerse de grana y oro, como lo acredita la ‘Trama Eólica de la JCYL’ que se está juzgando actualmente en Valladolid, y nunca trató de ‘salvar al sistema eléctrico´ como ahora tienen la desfachatez de afirmar. Son unos chorizos que en ámbito doméstico se cubren con el TS, pero que en el ámbito internacional se las están dando de todos los colores. Eso sí, cómo tiran con pólvora ajena, a ellos les da igual.
A los españoles afectados solo les queda el recurso al pataleo. Apelan, agotada la vía judicial, a la PPSOE para que prolongue, más allá de los 30 años comprometidos, el sistema especial de retribución de las renovables para las pequeñas instalaciones en las que muchos invirtieron sus ahorros allá por el 2007. Ver como los inversores internacionales recuperan sus primas a través del CIADI les mata y, por eso, piden una solución política: «Queremos equidad de trato y estamos abiertos a un diálogo y a una negociación«.
En el fondo, lo que piden es otro chanchullo cuando lo que deberían de hacer es dejar de votar a la PPSOE.
