Un reciente fallo del TSJ de Madrid pone coto a los Ayuntamientos a la hora de expedir las Licencias de Obra sin sujetarse a la normativa vigente. En el caso analizado, el Ayuntamiento de Madrid tardó 4 años en aprobar la licencia de obras solicitada para la construcción de un edificio de 9 plantas en un solar adquirido al efecto. La increíble demora -lamentablemente no infrecuente en las corporaciones españolas- ocasionó la ruina de la Constructora y que el Banco que financió la adquisición del solar ejecutase sus pólizas y se quedase con el mismo.
Hartos de esperar, los representantes de la Constructora reclamaron al Ayuntamiento el certificado de acto presunto para acreditar el silencio administrativo y fue entonces cuando llegó la concesión de la Licencia solicitada. Sin embargo, ante la ejecución del Banco, la Constructora inició un procedimiento para exigir la Responsabilidad Patrimonial de la Administración.
El TSJ terminó por darles la razón fijando una indemnización superior a los 1,5M€ por la injustificada demora a la hora de otorgar licencias. El tribunal, superando las excusas de la Administración en el sentido de oponer la disconformidad de los vecinos con la construcción del inmueble proyectado y precisando que «la presión vecinal ni es ley ni es Derecho«, señaló que el otorgamiento de ese tipo de licencias es una actividad reglada que ni puede ni debe sucumbir a la presión vecinal. El tribunal, en definitiva, apreciando el funcionamiento anormal de la Administración en el caso concreto y acreditado el daño a la Constructora, certifica la responsabilidad de la Administración y condena al Ayuntamiento a indemnizar dichos daños a la Constructora.
Aunque la resolución precisa también que existen otros supuestos que pueden resultar justificados y que, en consecuencia, no generan el derecho a ser indemnizados (como por ejemplo los casos en los que el plazo legal haya sido suspendido por una causa legal o cuando el retraso sea causado por el propio administrado) lo más cierto es que abre la puerta a un posible aluvión de demandas por no cumplir con los plazos a la hora de otorgar dichas licencias al ser una práctica habitual de muchos Ayuntamiento que, a partir de ahora y si causan daños, no quedarán impunes.
