Entre las medidas concursales tomadas con ocasión de la pandemia por el coronavirus, destaca la suspensión de plazos, siguiendo la Ley Concursal, para solicitar un concurso voluntario por parte del deudor hasta el próximo 31.12.2020 impidiendo, asimismo, a los acreedores el poder instar el concurso necesario antes de esta misma fecha. Esta moratoria junto con la prolongación de la crisis económica con la prórroga del Estado de Alarma provoca que el BDE se atreva a predecir un aumento significativo de las quiebras empresariales a partir de diciembre junto con un “repunte significativo” de las solicitudes de concurso una vez expire dicha moratoria concursal.
No obstante lo anterior, en la serie histórica, el BDE destaca cómo la tasa de concursos empresariales en España (concursos entre el total de compañías) fue la segunda más baja de Europa en 2006, sólo por detrás de Polonia. Ni siquiera la crisis de 2008 alteró esa tendencia: en España se produjeron cerca de 15 concursos por cada 10.000 empresas en 2010 mientras que en Japón hubo 88, en Alemania 89, en USA casi 100, en UK 137 y en Francia se superaron los 200. El BDE explica que los números españoles se deben, fundamentalmente, a la bajísima concursalidad de los autónomos y las microempresas.
Este uso limitado de las herramientas concursales se debe, siempre según el BDE, a la baja eficiencia de un sistema concursal caracterizado por la lentitud de los procedimientos, la congestión de los Juzgados de lo Mercantil y la pobre exoneración de deudas que en realidad ofrecen estos procedimientos, sobre todo respecto de las entidades de Derecho Público como la AEAT y la TGSS que muchas veces bloquean los acuerdos e impiden llegar a buen fin desembocando en liquidaciones empresariales donde ellos con sus créditos privilegiados se quedan con la parte del león.
Sin perjuicio de lo anterior y atendida la profundidad de la crisis creada por este Desgobierno Comunista a resultas de la pandemia por el COVID-19, el BDE prevé ahora un “repunte significativo” de las solicitudes de concurso a partir de este próximo mes de diciembre y aboga por utilizar primero los mecanismos preconcursales, tanto los acuerdos de refinanciación como los existentes para autónomos y pequeñas empresas, así como potenciar la participación de profesionales mediante un aumento de las retribuciones de los mediadores concursales, la introducción de garantías para que los administradores concursarles cobren toda su retribución y la posible ampliación del turno de oficio al ámbito concursal. Incluso se atreve a patrocinar la implementación de un sistema “pro bono público”, en el que el mediador o el AC realicen su trabajo de forma voluntaria y sin retribución monetaria.
A largo plazo, el BDE propone otra serie de medidas como dotar a los Juzgados de lo Mercantil de más recursos y de una mayor tecnificación; reducir la duración del plan de pagos a tres años; crear mecanismos concursales específicos para microempresas y autónomos, más ágiles y menos costosos y establecer vías rápidas y baratas para tramitar y resolver los concursos de individuos con bajos niveles tanto de deuda como de activos y de ingresos mediante la liberación de las deudas tras la liquidación de su patrimonio inembargable. Medidas encomiables sin duda pero que dejan fuera de la ecuación el escollo principal de la exoneración de deuda incluyendo el principal escollo que ahora mismo encontramos en la AEAT y la TGSS.