Los sectores empresariales más afectados por los cierres decretados durante la crisis provocada por la gestión realizada de la pandemia por parte de este Desgobierno Comunista, estructurados a través de una nueva Plataforma de Empresarios Afectados (PEACovid-19), presentarán inmediatamente una reclamación administrativa previa ante la Administración del Estado por las pérdidas millonarias originadas por dichas medidas gubernamentales como paso necesario y previo para poder iniciar la reclamación judicial oportuna. Por otra parte, rechazan reclamar a las CCAA para darle celeridad al procedimiento.
La Plataforma, que agrupa mayoritariamente a negocios como bares, restaurantes, cines, distribuidoras de bebidas, peluquerías, taxis o escuelas de baile, entre otros, califica las medidas tomadas desde el primer confinamiento de marzo 2020 de contradictorias y perjudiciales y reclaman inicialmente más de 100M€ aunque prevén que se les unan más empresarios durante todo este proceso. Algunos lo han hecho ya, como la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Ocio de Cataluña (FECASARM), Ocio de Canarias e Ibiza, Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM) o la patronal Spain Nightlife mientras que otros ya habían emprendido su reclamación administrativa previa individualmente. La Plataforma pretende sumar más de dos millones de negocios de toda España.
La Plataforma tiene claro que el ejecutivo de Sanchez e Iglesias es “el primer y último responsable del cierre” y que sus medidas les han dejado a los pies de los caballos conjugando a un tiempo “meses sin ventas” con el mantenimiento por su cuenta y riesgo de los gastos fijos y de otras obligaciones, incluso fiscales, a pesar de tener cerrados sus respectivos negocios por lo que requieren que la Administración indemnice a las empresas y negocios perjudicados haciéndose cargo tanto de “los gastos fijos soportados” como de los “los beneficios no generados”.
Todos los adheridos lo han hecho a través de sus asesores fiscales y económicos que aportarán el correspondiente Informe Pericial de Daños y Perjuicios para poder determinar el daño sufrido y poder reclamar los derechos que entienden vulnerados al sufrir tanto la inoperatividad de las distintas administraciones, a pesar de los altos impuestos que se pagan en España, como el posterior desamparo general para los miles de familias que dependen de los ingresos de esos negocios.