Crece el estupor ante el anuncio, por parte del Desgobierno Comunista (aunque puede tratarse de otra cortina de humo para tapar los muchos problemas sin resolver) de una futura Ley de Vivienda Estatal que tiene como ejes vertebradores –aunque todavía no se conoce su texto- la obligación de bajar los precios de los arrendamientos de vivienda para los grandes propietarios (> 10 inmuebles en alquiler) en las llamadas «zonas tensionadas» –concepto también pendiente de definir- y de congelarlos para los propietarios normales.
No obstante, la aplicación de esa nueva Ley de Vivienda Estatal deberá respetar las competencias autonómicas en la materia por lo que sus efectos no serán muy sensibles en aquellas CCAA que apoyan y respetan la libertad de mercado, con Madrid como estandarte, mientras que podría disparar las ansias intervencionistas de otras que, pudiéndolo hacer ahora sin necesidad de esa ley, no se atreven, con Cataluña como bandera de esta segunda corriente.
Lo más cierto es que el anuncio de esta norma electoralista llega en un momento en el que los precios de los alquileres ya se han ajustado libremente a la baja por la crisis del coronavirus chino por lo que el mercado del alquiler en España lo que en realidad necesita es una mayor seguridad jurídica a los propietarios, sobre todo contra la ocupación, de forma y manera que todos esos propietarios estén seguros y, por ende, interesados en sacar al mercado sus viviendas con lo que directamente aumentaría la oferta y bajarían los precios. Frente a esto, el Desgobierno Comunista va en sentido contrario y opta por intervenir los precios –en lo que se considera como una expropiación del derecho a alquilar una vivienda- con lo que a buen seguro lograrán objetivos muy distintos de los que dicen perseguir como ya se ha demostrado en los países y/o ciudades donde se han puesto en marcha iniciativas parecidas.
Entre esos objetivos no buscados destacan tres: (i) la restricción de la oferta tanto por particulares –que controlan más del 90% del parque de vivienda en alquiler- como por profesionales que no contando con la necesaria seguridad jurídica mantendrán fuera del mercado sus inmuebles hasta mejor ocasión; (ii) la restricción de la inversión en vivienda nueva para alquilar, atendida la inestabilidad de dicho mercado, lo que también afectará a otros sectores como el de la construcción ya que también se quiere obligar a los promotores a reservar un 30% de la edificabilidad a vivienda protegida y la mitad de ésta a alquiler social en cualquier construcción (esto paralizará la promoción no solo por la pérdida de rentabilidad sino porque lógicamente nadie va a pagar x dinero por un piso cuando en el mismo inmueble va a existir vivienda protegida a precio inferior y/o alquileres sociales); y (iii) la restricción del mantenimiento y la mejora de la vivienda usada destinada al alquiler ya que, con los precios y la rentabilidad tasados, lógicamente no se invertirá en la misma con lo que a la postre dichas viviendas en alquiler será peores, envejecidas y deterioradas, en perjuicio de los arrendatarios normales que al final pagarán más por menos mientras que las mejores viviendas en alquiler se reservarán a determinados contactos, abriéndose una suerte de mercado negro.
En definitiva, más medidas electoralistas que no llevan a ninguna mejora del mercado del alquiler en España y que dejan a los pies de los caballos a los ciudadanos que tengan la mala suerte de residir en los territorios frankenstein, que son los que en realidad pagarán el pato, mientras que en los territorios abiertos al mercado se vivirá una contrarreforma, con rebajas de los impuestos relacionados con la vivienda y la liberación de suelo y condiciones para aumentar la oferta, que hará que sus ciudadanos tengan un mercado del alquiler, para todos, mucho más atractivo. A partir de ahora habrá que saber elegir con nuestro voto qué políticas nos favorecen más, en la práctica, como ciudadanos e ir abandonando las viejas banderas que no conducen a nadie a ninguna parte con la excepción, claro está, de los políticos.