¡A robar, a un camino! Expresión acuñada en una España en la que antiguamente los caminos estaban asolados por el bandolerismo hasta que en el siglo XIX se creó la Guardia Civil, precisamente para salvaguardar la libertad y la seguridad de las personas en esos caminos, que consiguió erradicarlo definitivamente a principios del siglo XX. Lamentablemente, hoy, el bandolerismo lo ejerce la Administración con sus impuestos en cascada sobre el automóvil (por comprarlo, por venderlo, por tenerlo, por circular, por aparcar y por repostar… después de haber satisfecho ya el impuesto sobre la renta) y sus multas indiscriminadas a los automovilistas a través del otrora salvador cuerpo benemérito que, sin embargo, ahora hace de brazo ejecutor de estas políticas contra los españoles (no sé si esconderse con un radar móvil sin señalizar detrás de una valla guarda relación con que «el honor es la principal divisa del guardia civil; debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás») ¡Cómo cambia todo!
Ahora, la imposibilidad de circular tranquilo en las carreteras se ha expandido a las ciudades donde un sistema de radares está al acecho de los incautos para sacarles vilmente el dinero y dónde, además, se va a impedir circular a más de 7M de vehículos que no podrán obtener la etiqueta ambiental de la DGT (un 30% del total) cuando, en 2023, se instauren Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en 149 ciudades españolas (> 50.000 habitantes) en las que viven unos 24M de ciudadanos (un 52% de la población española). Por tanto, el tratamiento que por parte de la Administración se le está dando al automóvil en España va contra el 31 CE (Principio de No Confiscatoriedad) y contra el 19 CE (“Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”). Todo ello sin que tales medidas anticonstitucionales vayan a solucionar una contaminación presidida por las calefacciones y que, a buen seguro, trasladará los coches sin etiqueta a las ciudades sin ZBE, mientras un estudio del Colegio Oficial de Ingenieros de Valladolid afirma que el coche eléctrico contamina tanto como un diésel moderno si se tiene en cuenta el ciclo de vida completo de cada vehículo. Otro cuento.
Esos ataques a las libertades constitucionales se verán exacerbados cuando en aproximadamente 6 meses entre en vigor la normativa europea acerca de los EDR (Event Data Recorder) o caja negra para los vehículos que deberán incorporar obligatoriamente todos los coches que se fabriquen, a partir de su entrada en vigor, y todos los que se vendan, a partir del 01.01.2024 e independientemente de su año de fabricación. Se trata de un dispositivo electrónico que irá instalado debajo del asiento del conductor y cuya función será dejar grabadas más de 15 variables del vehículo (velocidad, frenada, revoluciones, fuerza del impacto frontal y lateral, movimientos de la dirección, posición del acelerador, funcionamiento de los sistemas de seguridad, día, hora, etc…) durante los 30 segundos previos y los 5 posteriores a un siniestro destacando que no determinará la culpabilidad del accidente (no graba imágenes, ni sonidos) sino que únicamente servirá para esclarecer las causas del mismo en aras de alcanzar el objetivo de 0 muertos en accidentes de tráfico para 2050 (lo que es imposible porque la inmensa mayoría de accidentes se producen por errores humanos que son muy difíciles de erradicar). Así que no lo duden: este dispositivo se utilizará para controlar e influir en la conducción y luego para incriminar a las personas involucradas en accidentes por lo que va contra el 18 CE que protege el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen junto con el secreto de las comunicaciones.
Otro frente activo lo encontramos en las autovías donde el gobierno quiere cobrar peaje después de haber sido pagadas y mantenidas con los impuestos de los propios automovilistas y ya se están realizando pruebas en la A-636, entre Beasain y Bergara, tramo que era gratuito y donde se ha instalado el primer tramo de carretera de pago por uso (autorizado por la Norma Foral 4/2020, de 6 de noviembre) apostando por un sistema de pórticos denominados ‘Free Flow’ –al estilo de Portugal- situados en varios puntos de la vía que detectan la matrícula para cobrar de manera automática una cantidad en función de la distancia recorrida y del tipo de vehículo (entero, el tramo cuesta 2,53€ para coches, furgonetas y vehículos ligeros, 4,11€ entre las 3,5 y las 12 Ton. y 5,15€ si superas las 12 Ton.). Un robo mientras sólo Cataluña ha conseguido liberar de peaje 556 kilómetros. ¿Se imaginan el porqué? Claro que sí… ¡porque en Cataluña los coches no contaminan!
El destino de todo ese dinero no será ni la seguridad vial, ni el medio ambiente, ni nada por el estilo, sino cosas más prosaicas como el rescate de las grandes empresas concesionarias de las nueve autopistas que quebraron en la crisis financiera de 2008: (i) de la radial 4 de FERROVIAL y SACYR; (ii) de la M-12 de OHL; (iii) de la AP-41 de ISOLUX CORSAN, COMSA, SANDO Y AZVI; (iv) de la AP-36 de FERROVIAL, EUROPISTAS y BUDIMEX; (v) de las radiales 3 y 5 de ABERTIS, SACYR y ACS; (vi) de la radial 2 de ABERTIS, ACS, ACCIONA y GLOBALVIA; (vii) de la AP-7 en varios tramos como la circunvalación a Alicante, de ACS, ABERTIS y GLOBALVIA, y entre los municipios de Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) de GLOBALVIA y PLODER. Rescate que el Estado presupuestó en 3.305M€ que ahora se van a ver superados por las nueve sentencias del Tribunal Supremo que estiman parcialmente las pretensiones de esas concesionarias contra ese cálculo, rechazando la resta del 25% de lo abonado en su momento por la Administración a los expropiados para poder hacer esas autopistas; fijando como inicio de la amortización el día en que la vía se puso en servicio/inició el cobro de los peajes y tomando en cuenta el estado en el que se encontraban dichos tramos de autopista cuando se procedió a su liquidación. En definitiva, un nuevo desembolso millonario para el Estado. ¿Quién rescatará al automovilista y al ciudadano? Este gobierno no, desde luego.