Resulta increíble el sainete jurídico creado a resultas de la rescisión laboral por incumplimiento de contrato cursada por los ex políticos y ex dirigentes de CIUDADANOS, Albert Rivera y José Manuel Villegas, dirigida contra el despacho de abogados que les fichó con la clara intención de comprar influencias de todo tipo -que incluso modificó su nombre para incluir el apellido del primero pasando a denominarse MARTINEZ ECHEVARRÍA & RIVERA ABOGADOS- y que ahora se enfrenta a una reclamación laboral por los salarios y el variable pendientes según el contrato firmado entre las partes hasta 2025, a lo que ahora se sumará una reclamación por daños morales a consecuencia de las declaraciones del director del despacho en las que minusvaloraba su aportación al despacho para intentar justificar la salida a coste cero de ambos “ciudadanos” que, a buen seguro, intentó y no consiguió.
La reacción pública del despacho tras el fracaso en la negociación no ha podido ser peor, intentando bloquear los derechos laborales de ambos trabajadores -que nunca fueron socios- acusando a Rivera y Villegas, a la sazón presidente y vicepresidente ejecutivos del bufete, de “discurso vacío”, «falta de implicación”, “bajo rendimiento”, “nula influencia” y “clientes inexistentes”, aderezado con las declaraciones de otros empleados para desmerecer su actuación expresando que “no estamos habituados en nuestra profesión a discursos vacíos; a llenar los espacios solo con palabras sin soporte real; a unas exigencias de protagonismo tan acusadas; ni a unas formalidades de ensalzamiento personal que son inexistentes entre compañeros de profesión y, mucho más, entre compañeros de un mismo despacho» para, en el fondo, intentar acreditar un supuesto incumplimiento por su parte con el que justificar su salida gratuita del despacho. Los abogados de Rivera y Villegas, por su parte, destacan las condiciones laborales ofertadas por el bufete asegurando que “ellos entraron en ese despacho porque ofrecieron unas condiciones” ya que “si no, se habrían ido a otro sitio” a lo que el despacho -herido en su orgullo y más perdido que un sordo en un mitin- reacciona acusando a Rivera de intentar “liberarse de la cláusula de no competencia postcontractual” comunicando su salida “a solo un mes de la primera ventana de terminación contractual por desarrollo irregular de la relación”, reconociendo implícitamente que los “ciudadanos” sí que están cumpliendo con los contratos denunciados por ambas partes.
Este asunto, a mi modo de ver, contiene tres cuestiones merecedoras de comentario: (i) que, una vez más, se cumple el dicho que reza que “quien se defiende a si mismo tiene un tonto por cliente y un imbécil por abogado“; (ii) que dicha defensa deja muy mal al despacho como profesionales de la abogacía porque no sólo no han logrado alcanzar un acuerdo discreto para resolver ese entuerto cuando ellos ya no quieren mantenerlos en plantilla y cuando los otros tampoco quieren quedarse y, sobre todo y (iii), porque si lo de intentar comprar influencias es, ya de entrada, deleznable, lo que no admite un pase ni moral ni jurídico es el hecho de que una vez que no consigues materializar esas influencias en la medida que esperabas, porque Rivera ha precisado que la facturación del despacho pasó de los 16M€ a los 20M€ desde su fichaje, un 25% más, pretendas que tú desmedida ambición justifique un despido procedente. Resulta increíble, en definitiva, que alguien reclame argumentando en base a su propia iniquidad, más incluso tratándose de un despacho de abogados, por lo que estoy seguro de que si van a juicio el despacho va a salir muy mal parado… salvo que hayan comprado a más gente siguiendo con su política de tráfico de influencias.